El gobernador Rodolfo Suárez argumentó su decisión en que las medidas del Ministerio de Economía afectan a los fondos coparticipables.
El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, presentó ayer una medida cautelar ante la Corte Suprema para que se suspenda la devolución del IVA y la
eliminación de Ganancias que impulsó el Gobierno en las últimas semanas. Según el mandatario de la Unión Cívica Radical, esas medidas impulsadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, afectan a los fondos coparticipables de las provincias.
En un escrito presentado ayer viernes, la provincia de Mendoza le pidió al máximo tribunal del país que dicte una medida cautelar para que se suspenda la ley que modificó el piso de Ganancias (Ley 27725) y el Decreto 473/2023, a través del cual se estableció la Devolución del IVA a las compras de la canasta básica.
"Tanto el decreto como la ley resultan inconstitucionales por cuanto disminuyen de manera unilateral la percepción de impuestos que integran la masa coparticipable. Uno de manera actual y la otra en forma inminente, afectando en este sentido el federalismo fiscal, con un evidente perjuicio para Mendoza", expresó Suárez.
El gobernador recordó el fallo de la Corte Suprema a favor de Entre Ríos, de 2019, cuando se modificó el Impuesto a las Ganancias y de IVA, ambos coparticipables. Lo que busca ahora Mendoza es que el máximo tribunal interceda con la administración central para que esta se haga cargo de los recursos que podrían perderse.
La vista ahora está puesta en lo que harán el resto de las provincias lideradas por la oposición.
El pedido de medida cautelar de Mendoza a la Corte Suprema se da a nueve días de las elecciones nacionales y apunta a una medida de Massa en plena campaña electoral.
Suárez está dentro del grupo de radicales denominado "Malbec", que trabajó en favor de la campaña de Patricia Bullrich y ahora se inclina por la postulación del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.
Algo similar hizo el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, en mayo de este año, cuando interpuso ante el máximo tribunal dos demandas contra el Gobierno de Alberto Fernández en reclamo de deudas previsionales y de regalías adeudadas por las represas de Yacyretá y Salto Grande, que involucran un monto del orden de los $25 mil millones.
En el caso de la pulseada por los envíos adeudados para la Caja jubilatoria local (Corrientes es una de las 13 provincias que no la transfirió a la órbita nacional), se trata del segundo distrito en avanzar en las últimas semanas en un planteo ante la Corte. Ahora la estocada judicial correntina en torno a la Caja involucra una puja por cerca de $10 mil millones que -afirman- la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le adeuda al distrito del NEA por la no actualización de las remesas desde 2018.