Se creó una comisión técnica para analizar el monto que deben pagar las barcazas que recorren el tramo Confluencia - Santa Fe, que hoy es de 1,47 dólares por tonelada.
La secretaria de Energía Flavia Royón viajó junto con una comitiva técnica a Paraguay para frenar la escalada del conflicto fronterizo que incluyó críticas del propio presidente de Paraguay, Santiago Peña Nieto, y la apertura de una de las represas de Yacyretá que implicó que Argentina tuviera que importar energía. El país vecino cuestiona a Argentina el cobro de un peaje que sirve para financiar el dragado y balizamiento del tramo Santa Fe Norte de la Vía Navegable Troncal (VNT). Aunque aún no de manera formal, Paraguay reconoció el derecho Argentina de cobrar ese peaje - y, por lo tanto a desistir de los reclamos-, pero se conformará una mesa técnica para revisar la tarifa.
"Fue muy positivo el encuentro", aseguraron desde la delegación argentina que encabezó la secretaria de Energía Flavia Royón. La presencia de Royón al frente de la comitiva se debió a que, en la escalada del conflicto, Paraguay abrió la semana pasada de modo unilateral uno de los vertederos de la represa binacional de Yacyretá, dejando correr el agua y vaciando parcialmente el embalse que se necesita para generar energía.
Si bien aún no se encuentra oficializado, en la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano y su equipo de trabajo, se logró un punto de acuerdo con Paraguay, que es el derecho de Argentina de cobrar peaje para el funcionamiento de la VNT - y, por lo tanto, desistir de los reclamos-.
A cambio, Argentina aceptó conformar una mesa técnica para discutir la tarifa que se estableció el año pasado en 1,47 dólares por tonelada de registro neto para barcos que vengan o se dirijan a puertos extranjeros, con un monto diferencial para los que tienen origen o destino puertos nacionales (de 1,47 pesos por tonelada de registro neto). La medida es para hacer más competitiva a la industria naviera nacional.
Barcazas subsidiadas
El conflicto entre ambos países comenzó cuando, en enero, la AGP comenzó a cobrar el peaje para el tramo Confluencia-Santa Fe Norte avalado por un renglón que se incorporó al contrato de concesión en 2009. Ese año, el gobierno nacional realizó la extensión que el consorcio Hidrovía S.A mantenía desde 1995 para tener el control de la vía por donde transitan la gran mayoría de las exportaciones de Argentina.
En el contrato del 2009, el Estado argentino se comprometió a subsidiar por los primeros tres años el mantenimiento de la Vía, situación que se perpetuó hasta el 2022 y representa un costo de alrededor de 20 millones de dólares.
El 91 por ciento de las barcazas que circulan por Santa Fe Norte - desde el km. 584 del río Paraná, exterior de acceso al Puerto de Santa Fe, hasta la altura del km. 1238 del río Paraná denominado Confluencia-, vienen de Paraguay. Es un tramo caudaloso, por lo que no necesita grandes obras de dragado, pero sí de balizamiento. El río cambia permanentemente el curso y el mantenimiento consiste en señalar el camino que deben seguir los barcos.
Hasta la concesión de AGP, las barcazas no realizaban ningún aporte por los servicios prestados. Cuando la empresa asumió la administración de la VNT, comenzó a cobrar el peaje para costear el mantenimiento del tramo. En efecto, a julio de este año, se facturaron 11 millones de dólares por el cobro del estipendio. Fuentes del gobierno aseguran que un tercio de ese monto ya fue abonado, otro tercio se encuentra pendiente de pago pero no vencido (las firmas tienen entre 60 y 90 días de acuerdo a la ligereza de los papeles necesarios para pagar el peaje), y un tercer tercio se encuentra vencido en alguna instancia legal.
El de la semana anterior fue el tercer buque incautado por orden judicial ante el impago del peaje. En los dos casos previos, las empresas a cargo de las barcazas realizaron en pocos días el pago sin reservas de las deudas, dejando cerrado el conflicto y avalando el pago del peaje reclamado. Cuestionando la legitimidad del peaje, empresas paraguayas presentaron diversos reclamos cautelares en la justicia argentina, pero todos fueron rechazados.
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